Por Jaime Vera Peña
El 25 de febrero a las 15:16 se produjo una suspensión del suministro eléctrico que afectó a 14 regiones del país, impactando a aproximadamente 16 millones de personas. Este corte de energía generó dificultades en casi todos los sectores productivos y se prevé que tenga un efecto negativo en el IMACEC de febrero, con una estimación de pérdida de $145 millones de dólares, basada en el PIB mensual ajustado a 2025.
Un día menos de actividad económica reduce el IMACEC interanual en un 0,5%, lo que implica una menor tasa de crecimiento en comparación con 2024. Aunque el apagón ocurrió en un horario específico, sus efectos se extendieron hasta el día siguiente, por lo que esta cifra es una estimación válida.
El sector transporte fue uno de los más afectados, con trenes y metros paralizados, lo que causó colapsos viales y afectó la movilidad de las personas. Las empresas también experimentaron una salida anticipada de los trabajadores, lo que impactó la productividad de sectores como servicios, finanzas, salud, construcción y consultorías. El comercio, el turismo y la gastronomía redujeron su horario de atención, lo que resultó en pérdidas económicas. De manera preliminar, el comercio estimó pérdidas de ventas por $20 millones de dólares.
La industria manufacturera y minera también sufrió debido a la paralización de sus operaciones, lo que interrumpió la producción y afectó los turnos nocturnos de trabajo. En la minería privada, un día sin producción significó la pérdida de 9 mil toneladas de cobre fino, lo que equivale a $83 millones de dólares en promedio.
En resumen, el apagón del 25 de febrero no solo tuvo un impacto inmediato en la movilidad y producción, sino que dejó consecuencias económicas prolongadas en diversos sectores. Las pérdidas estimadas resaltan la vulnerabilidad del sistema eléctrico ante fallas de gran magnitud, lo que subraya la necesidad de implementar medidas de mitigación y planes de contingencia para evitar situaciones similares.
Desde el 9 de diciembre de 2024, la Resolución N°58 del Ministerio de Energía reduce de 500 a 300 kW el límite de potencia conectada para acceder a tarifas reguladas o libres.
El balance de potencia considera además los retiros de potencia por cliente.
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